Eduardo Alonso, S.J.
User Rating: / 7
PoorBest 


 

 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática que —según los datos oficiales— resultó segundo en las elecciones llevadas a cabo en México el 1 de julio, denunció ayer en conferencia de prensa que el PRI incurrió en una serie de maniobras ilegales para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual impugnó los sufragios por considerarlos inválidos, a la vez que adelantó el inicio de un plan de lucha al que llamó "Plan Nacional de Defensa de la Democracia".

Al día siguiente de terminados los comicios, cuando la tendencia a favor del candidato del PRI era comunicada como irreversible por parte de varios medios de comunicación locales e internacionales, López Obrador no reconoció el triunfo de Peña Nieto y anticipó que iba a impugnar los resultados. Aunque el Instituto Federal Electoral realizó posteriormente una revisión del escrutinio de más de la mitad de las actas y confirmó que el ganador era Peña Nieto, nada hizo desistir a López Obrador de la decisión que había tomado tiempo atrás, pese a haber suscrito durante la campaña política un compromiso de respetar el proceso electoral en toda su extensión (el "Pacto de Civilidad").

En un contexto social en el que las elecciones aparecen cada vez más teñidas de sospecha por manipulaciones mafiosas, las reacciones en México se están sucediendo rápidamente. Mientras José Calzada Rovirosa, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, efectuó hoy un llamado a "utilizar los canales institucionales para manifestar inconformidad", a la vez que aseveró que "nadie tiene derecho a violentar la vida en armonía del país", en directa alusión a López Obrador, el movimiento estudiantil #YoSoy132 se enroló en abierta oposición al PRI.

Recordemos que López Obrador tampoco reconoció en su momento el triunfo del actual presidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). Al día siguiente de realizarse los comicios presidenciales, el 3 de julio de 2006, AMLO llamó a la desobediencia civil alegando que se había cometido fraude electoral; según las cifras oficiales, éste había resultado perdedor por una diferencia cercana a los 244.000 votos. Aunque la Corte Suprema de Justicia denegó el recurso interpuesto por la coalición que encabezaba López Obrador, el Tribunal Federal Electoral, si bien se negó a revisar el 100% de los votos, procedió al recuento del 9% de las urnas y anuló miles de sufragios, proclamando vencedor a Calderón. AMLO llamó a una Convención Nacional en septiembre de aquel año con el objeto de conformar un gobierno paralelo y hasta la actualidad asegura a quien lo desee escuchar que él es el legítimo presidente de México.

¿A quién creerle? ¿AMLO es un mitómano perseverante o, más bien, un luchador social que desenmascara las prácticas viciosas de los partidos políticos mexicanos? ¿La dupla PRI-PAN, opera en la oscuridad para manipular perversamente los resultados electorales y asegurarse la permanencia en el poder? Si así fuera, ¿por qué AMLO no se retiró de la campaña política? ¿Por qué no denunció todas estas maniobras ilegales antes del día 1 de julio? ¿Es AMLO el candidato intachable, permanentemente perjudicado como un héroe trágico, una vez por el PAN, otra vez por el PRI, o es simplemente otro actor más en una trama que nadie conoce a ciencia cierta?

Es sabido que existe por lo menos la triste sospecha de una tradición ilegítima en el manejo de las campañas políticas y de las elecciones mexicanas. Todos nos podemos preguntar con derecho: si en 2006 el Tribunal Federal Electoral efectuó el recuento de solo el 9% de las actas y con ello se vio en la necesidad de anular decenas de miles de votos, ¿qué hubiera sucedido si esa revisión se extendía a más del 60% de las urnas? Ahora bien, desde el punto de vista objetivo, no se ha avanzado más allá de ese "estado de sospecha". Todo ha quedado enmarcado dentro de la polémica, las recriminaciones mutuas y una subjetividad exaltada.

No se ha probado en sede judicial que las elecciones del 2006 fueron tal como AMLO las presentó. Asimismo, es dudoso que se pueda probar fehacientemente todo cuanto López Obrador denunció ayer: una reunión llevada a cabo en la ciudad de Toluca el 12 de junio entre gobernadores pertenecientes al PRI y Enrique Peña Nieto, en virtud de la cual cada Estado se comprometió a aportar millones de votos mediante la utilización de fondos públicos con los que sobornaron a personas con bonos de compra en supermercados, materiales para la construcción y tarjetas telefónicas. Según López Obrador, el PRI habría comprado cinco millones de votos mediante estas maniobras, con más una campaña electoral basada en una inversión abrumadora para promover la imagen positiva de Peña Nieto dentro y fuera del país.

¿Cómo se puede probar que se ha incurrido efectivamente en todas y cada una de estas prácticas ilegales? ¿Qué método seguir para discernir si la cifra de cinco millones de votos comprados por parte del PRI es real o no? Evidentemente, es imposible probar todo esto. Pero, es imposible probarlo a posteriori de ocurridos los hechos, no era imposible de probar mientras esos hechos estaban aconteciendo. Entonces surge nuevamente la pregunta: ¿por qué AMLO no se retiró de la contienda electoral y no denunció estos delitos que ahora vocea, mientras éstos estaban sucediendo?

El problema no son los votos que Peña Nieto obtuvo; el problema pareciera centrarse en los métodos aparentemente ilegales que siguió para obtenerlos. Nada de esto le podía resultar extraño a López Obrador cuando estaba dedicado a la contienda electoral. Al haber guardado silencio ante prácticas en apariencia tan reprochables, AMLO se hizo funcional a las mismas.

Quizá la jugada pasó por posicionarse nuevamente en el rol del héroe auto-exiliado, una víctima constante de las circunstancias. Cuando se está jugando, nunca se sabe qué carta va a salir, por eso no conviene adelantarse al azar. Y mucho menos conviene reconocer una derrota.

Sea como fuere, el único país perjudicado es México, su pueblo, sus instituciones, sus aspiraciones republicanas.

¿Para qué firmar un Pacto de Civilidad con los mismos personajes que se viene acusando de corrupción desde hace años?

"Firmo para decir que no me engañarás cuando sé que me estás engañando para luego denunciar que me engañaste", tal podría ser la leyenda del escudo de armas —no exenta de ambigüedad— de AMLO.

Piénselo.

__________
Eduardo Daniel Alonso, S.J. Publicado en su blog personal De Delfines y Anclas, http://dedelfinesyanclas.blogspot.com.ar

 
 
Revista Mirada Global © Copyright 2009