La Iniciativa Ciudadana Europea promueve esta opción. El núcleo de la discusión está en la gestión del suministro del agua por parte del sector privado a través de concesiones.
Thorsten Philipp, S.J.

Bruselas / Ecología – La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 declaró el acceso a agua potable y a instalaciones de alcantarillado como un derecho humano básico. Pero hay menos consenso en cómo se debe gestionar el suministro de esta agua; si debe ser una actividad privada o, por el contrario, reservada a las autoridades públicas. El debate no es nuevo pero ha cobrado más importancia recientemente. En Italia, la ley que estipulaba la privatización del suministro de agua para junio de 2012 fue rechazada de forma mayoritaria por los ciudadanos en un referéndum.
 
En la mayor parte de los casos, la privatización no incluiría la totalidad de las infraestructuras de suministro como pozos, depósitos o conductos. El núcleo de la discusión está en la gestión del suministro del agua por parte del sector privado a través de concesiones. Los que favorecen esta liberalización, insisten en que la gestión privada es más eficiente y menos cara que la gestión pública, una hipótesis que de cualquier modo no cuenta hasta el presente con evidencia empírica.
 
Unos 200 millones de personas en el mundo (un 6% de la población urbana mundial) reciben el suministro de agua a través de redes de propiedad pública pero de gestión privada. Sólo 70 millones de personas reciben su suministro a través de redes que son totalmente privadas (concretamente en Inglaterra y Gales, en algunos lugares de Chile y de Estados Unidos).
 
El aumento de actores privados en el servicio del agua, especialmente en los ‘80 y ‘90, puesto que parecía un próspero negocio, está suscitando preocupación por el incremento de precios y el descenso en la calidad del servicio, especialmente en las zonas rurales más deprimidas. Pero algunos dudan que las empresas privadas, que buscan primeramente el beneficio económico por su actividad más que el bien general, sean las organizaciones adecuadas para proporcionar servicios sociales básicos como el suministro de agua potable.
 
Ante tales objeciones, el político, científico y activista de los derechos humanos, el italiano Riccardo Petrella promovió en 2001 el “Pacto Mundial por el Agua”, que debería garantizar el acceso básico al agua para todos así como asegurar un suministro sostenible de agua en todo el mundo. Según propuso Petrella en su Manifiesto sobre el agua, las políticas del agua necesitan un enfoque de inversiones a largo plazo que garanticen los derechos de los ciudadanos a la co-decisión en asuntos relacionados con el agua.
 
Este aspecto tan importante de la participación ha encontrado una nueva expresión en Europa con la denominada Iniciativa Ciudadana Europea. Este instrumento, incluido en el Tratado de Lisboa, da a los ciudadanos de la Unión Europea (UE) la posibilidad de “invitar” a la Comisión Europea a originar medidas legislativas dentro del marco de competencias de la UE. El Instituto Europeo de Investigación en Políticas de Agua, fundado por el mismo Petrella, está promoviendo esta Iniciativa Ciudadana Europea que pretende una revisión de la Directiva-Marco Europea sobre el Agua del año 2000. Los promotores quieren que la UE declare legalmente al agua como un “bien común” que necesita la responsabilidad compartida de los ciudadanos. Por ello, los ciudadanos deberían tener derechos reconocidos para la co-decisión, más que simple información o consulta.
 
El proceso de la Iniciativa es complicado, lento y costoso. Sin embargo, ofrece la posibilidad de embarcarse en un amplio debate que permita diseñar el suministro de agua en el futuro y además saber quién será el responsable. Especialmente en un sistema político como el de la UE que a menudo es criticado por sus limitaciones en instrumentos democráticos y de participación. Este enfoque resulta esperanzador para establecer un diálogo amplio sobre una cuestión tan sensible. La iniciativa combina la preocupación por el suministro de agua como el uso de instrumentos de participación democráticos, lo cual incide en varios retos de la gobernanza medioambiental.
 
Para saber más: Riccardo Petrella, The water manifesto: arguments for a world water contract. London 2001.
Maude Barlow, Tony Clarke, Blue Gold: The Battle against Corporate Theft of the World’s Water. London 2001.
Sitio web del IERPE, http://ierpe.eu/
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Thorsten Philipp, S.J. Artículo publicado en Ecología y Jesuitas en Comunicación, http://ecojesuit.com

 


 
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