En un acto en casa presidencial, y tras 27 años de angustias, expectativas y luchas de muchas mujeres hechas de amor, el Estado de Guatemala pidió perdón por la desaparición de tres jóvenes estudiantes a manos de la Policía.
Alejandro Fernández

Guatemala / Política – En la mañana del 15 de mayo de 1984 el joven Carlos Cuevas Molina se dirigía en su motocicleta por el centro histórico de la ciudad de Guatemala cuando fue interceptado por dos carros que conducían contra la vía. Testigos que pudieron anotar las placas de los vehículos, vieron cómo su cuerpo era golpeado y desaparecía tras las gruesas puertas de una camioneta policial. Nunca más se supo de su paradero. Su esposa, Maria del Rosario Godoy, no dudó un instante de cuál sería su destino: “O me devuelven a Carlos o me llevan a mi también”. Fue asesinada el jueves santo del año siguiente. La crueldad inaudita de sus captores llegó al punto de torturar a su pequeño hijo, de apenas dos años, para infringir más sufrimiento a una de las mujeres más valientes que ha dado la tierra guatemalteca, reconocida hoy por la Iglesia latinoamericana como Mártir de la Fraternidad.
 
El secuestro de Carlos dio inicio a una trágica semana; entre el 15 y el 21 de junio de aquel año, otros seis compañeros de la Asociación de Estudiantes Universitarios, de la que él era secretario ejecutivo, corrieron una suerte similar.
 
27 AÑOS DE TORTURA
 
En la Guatemala actual los periodos trágicos no se cuentan por semanas sino por décadas. En 36 años de conflicto armado, 200 mil personas perdieron la vida, y 45 mil hombres y mujeres, entre ellos 5 mil niños, engrosan la lista de las desapariciones forzadas, cobijadas por uno de los mantos de impunidad más impenetrables que se han forjado en América Latina, para favorecer los intereses económicos de las oligarquías criollas y de sus aliados transnacionales.
 
Después de 27 años, el 2 de junio de 2011, en los jardines del Palacio Nacional de Guatemala, el primer mandatario Álvaro Colom presidía un acto público para reivindicar a Carlos Cuevas y a otros dos de los mártires universitarios de aquella fatídica semana: Héctor Interiano y Gustavo Castañón. Asimismo, y respondiendo a los compromisos de un acuerdo amistoso auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno pedía perdón público a sus familiares y a toda la sociedad en nombre del Estado de Guatemala.
 
El de este 2 de junio no es un perdón que restituya ni por asomo el dolor atroz de la desaparición de los jóvenes. “El Estado de Guatemala nos ha torturado durante estos 27 años”, dijo Ana Lucia Cuevas, hermana de Carlos, quien tuvo que salir del país inmediatamente para no volver nunca a residir en Guatemala. Pero es un perdón que abre la puerta a la esperanza de que la memoria y los sueños de estos jóvenes, a quienes se les arrebató lo más preciado, sean algún día reivindicados en su integridad, con un juicio justo contra sus victimarios.
 
“LOS DESAPARECIDOS COMIENZAN A APARECER”
 
No es la primera vez que el gobierno guatemalteco pide perdón por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Lo hizo hace unos meses ante la familia del poeta Otto René Castillo y hace un año ante más de mil familias campesinas a quienes se les ofreció una compensación económica. Lo hicieron también el Presidente Berger y el Vicepresidente Stein en casos similares. Aunque hasta ahora tanto perdón no se ha revelado fructífero en cuanto a la consecución de justicia, no cabe duda que renueva el aliento a quienes llevan años esperando contra toda esperanza.
 
“Los desaparecidos están comenzando a aparecer”, dijo Ana Lucia Cuevas, en una afirmación que escenifica la inquebrantable voluntad de estas familias, atravesadas por el amor a sus parientes y a la tierra que les vio nacer. Aun cuando este perdón apenas toca la otrora inexorable coraza que protegía a quienes cometieron y ordenaron estos actos inhumanos, el coraje de unas pocas personas, en su mayoría mujeres, está abriendo espacios para que la justicia retoñe. Primero fue el juicio por el asesinato de Monseñor Gerardi, en 2001, que condenó a tres militares a la cárcel, sentenciados por la ejecución extrajudicial del obispo. Un año después, en 2002, el caso Mirna Mack sembró otro precedente esencial, al condenar a 30 años de cárcel a uno de los autores intelectuales del asesinato de la antropóloga, el Coronel Juan Valencia Osorio. Recientemente, los asesinos del sindicalista Fernando García han sido sentenciados a 40 años de cárcel. Señales que dejan entrever que aún es posible que la ley se aplique en Guatemala.
 
LUCES EN UN OSCURO CAMINO
 
La larga y oscura noche de veintisiete años ha estado jalonada por destellos de esperanza. El más luminoso estremeció a propios y extraños hace más de 12 años. En 1999 salió a la luz el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que sacudió los cimientos de la sociedad guatemalteca. El Informe fue fruto del compromiso adquirido por las partes en conflicto tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. Aun con muchas incógnitas sin develar —explícitamente se acordó que el informe no podría revelar nombres propios, sino solo responsabilidades institucionales— el informe resultó demoledor para el Estado y expresó públicamente lo que todos sabían pero muy pocos se atrevían a denunciar abiertamente: que el Estado fue el responsable directo del 90% de los crímenes cometidos durante el prolongado conflicto armado que se extendió entre 1962 y 1996.
 
Ese mismo año, los nombres propios comenzaron a aflorar con la desclasificación en Washington de llamado Diario Militar, expediente de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Guatemala, que salió a la luz en 1999, donde se evidencia la participación de altos cargos militares en los secuestros y desaparición de estudiantes.
 
Seis años después, en 2005, a raíz de una inspección casual en el edificio de la Policía Nacional, fue descubierto, arrumbado entre cucarachas y murciélagos, un inmenso archivo que sin duda había sido escondido allí para que la historia no conociera la terrible responsabilidad del estamento policial durante 36 años de guerra civil. Obligada por la evidencia, la justicia guatemalteca puso esta documentación en manos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Millones de legajos desgranan las operaciones de la policía contra los civiles. En ellos han buceado, con el corazón en vilo, los familiares de los desaparecidos y torturados por aquel régimen de terror. Entre ellos, las tres familias que el 2 de junio recibieron de manos de Colom un perdón largamente esperado.
 
“¡IBAN BUSCANDO LA VIDA!”
 
Largos y tortuosos peldaños hubo que superar uno a uno hasta llegar a la mañana del 2 de junio. En el patio de la llamada Plaza de la Paz, en pleno corazón del palacio presidencial, un Presidente electo democráticamente, pero maniatado por las estructuras de poder que desde hace décadas consolidaron un Estado dentro del Estado, se levantó de su silla para expresar solemnemente el perdón a las familias.
 
Flanqueándolo en la mesa presidencial estaba Ruth Molina de Cuevas, madre de Carlos Cuevas; Elizabeth Florian, esposa de Héctor Interiano; el padre de Gustavo Castañon; Ruth del Valle, directora de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política Ejecutiva en materia de Derechos Humanos (COPREDEH) y Emilia García, madre del desaparecido Fernando García y una de las fundadoras del Grupo de Apoyo de Mutuo (GAM), nacido en 1984 de manos de mujeres que pelearon con dignidad para vencer el terror con que quisieron doblegarlas. Muchas de esas mujeres admirables estaban presentes este 2 de junio en casa presidencial para gritar la verdad que estallaba dentro de sus pechos desde hace un cuarto de siglo.
 
“¡Iban buscando la vida!”, gritó una antigua compañera de los desaparecidos y lo coreó un centenar de invitados e invitadas al evento. Resulta imprescindible reafirmar, como una vacuna contra el cinismo estéril de quienes pretenden demeritar aquellas luchas clandestinas, que Carlos, Gustavo e Interiano no trabajaban para sembrar el caos, como el ejército quiso hacer creer a la opinión publica una y otra vez. Buscaban la vida y la dignidad de miles de guatemaltecos. En aquellos años sombríos, miles de mujeres y hombres habían comenzado a sufrir la doctrina genocida de tierra arrasada, hoy bien conocida gracias al prodigioso trabajo del sacerdote jesuita Ricardo Falla, doctrina abominable que bajo los gobiernos de los generales Ríos Montt y Lucas García arrasó más de 600 aldeas indígenas eliminando en ellas todo rastro humano.
 
“HAY VIDAS QUE DURAN MUCHO”
 
Ruth Molina de Cuevas, la madre de Carlos, fue la primera en tomar la palabra. Con emoción contenida, se limitó a leer dos poemas escritos a su hijo hace más de dos décadas, en aquellos días en que, en su exilio en Costa Rica, trabajaba denodadamente para ser, como dice uno de sus versos, “el eco del dolor de mucha gente”. Esta mujer, de fortaleza encomiable, que hace más de 30 años perdió también, en circunstancias nunca aclaradas a su marido, el ex-rector de la Universidad San Carlos y activista de Derechos Humanos Rafael Cuevas del Cid, recibió la noticia del secuestro de su hijo ya exiliada en Costa Rica, en donde todavía vive. Su compromiso con los “que quedaron dentro” ha sido inclaudicable y tenaz.
 
Carlos tuvo cinco hermanos, a quienes el impacto brutal del exilio desperdigó en dos continentes. Estuvieron presentes en el acto de perdón en casa presidencial su hermana Ana Lucia, quien vive en Inglaterra, y su hermana Rosario, residente en Costa Rica. Ambas leyeron un comunicado, no por largamente meditado, carente de vida y de pasión. En algunos momentos, sus palabras humedecieron la mirada de los presentes: “Hay vidas que duran asombrosamente mucho, como las de nuestro hermano; celebremos la vida de quienes se dieron sin pedir nada a cambio”.
 
“¿SE PUEDE PEDIR PERDÓN EN ESTA GUATEMALA?”
 
Luego le tocó el turno a Elizabeth Florian, viuda de Interiano. Su alocución fue extensa, pero nadie sintió que le sobrara una sola palabra. El momento más emotivo llegó cuando Betty —como todos y todas la conocen— comenzó a preguntarse en voz alta qué pensaría su esposo desaparecido de este acto de perdón: “¿Se puede pedir perdón cuando las cosas por las que ellos lucharon no han cambiado, cuando el hambre continúa, el desempleo es mayor, y las muertes violentas siguen imperando en Guatemala?”.
 
Sus palabras sonaron como una losa sobre la plazoleta, pero ayudaron a dotar a la ceremonia de su sentido más profundo: “Nuestra demanda es que este acto de perdón se traduzca en voluntad política para cambiar este país”, sentenció Betty.
 
“NO ESTÁN SOLOS EN LA MUERTE”
 
Cuando Gustavo Castañon fue detenido, una mujer joven quedó esperando su llamada. Su prometida en aquel entonces, Isabel Chaxom, tomó el micrófono este 2 de junio y su primer recuerdo fue para el edificio que esa mañana nos acogía plácidamente. “Por estos mismos pasillos que ahora vemos, fuimos trasladados y torturados por pedir justicia para los desaparecidos”.
 
Eran los tiempos del gobierno del General Mejía Víctores, quien como sus antecesores reprimió con saña cualquier brote de dignidad que reclamara la vida. Pero la dignidad sobrevivió y se expresaba esta mañana en la voz de Isabel: “Ellos no están solos en la muerte. Hoy hemos venido a decirles que seguimos el camino que nos marcaron”.
 
Si algo reflejó la ceremonia fue el valor moral de las víctimas. Ante una situación vital aparentemente insoportable, fueron capaces de sacar lo mejor de sí mismas y escoger el camino del amor, nunca el del rencor. Testimonio de ello fue la elocuente carta leída en la ceremonia de perdón escrita por el hijo de Interiano, Diego Alejandro, quien vive fuera del país por razones económicas: “Mi mamá tuvo que esconder hasta su dolor, para que yo tuviera una infancia normal”.
 
“¿QUÉ PENSARÍAN LOS MÁRTIRES A LOS QUE PEDIMOS PERDÓN?”
 
Cuando el presidente Colom se levantó para hacer formalmente la petición de perdón, los sentimientos de todos los presentes se habían electrizado y una corriente invisible de dignidad largamente tejida recorría el aforo.
 
Inmediatamente, cuando Colom tomó la palabra, media docena de jóvenes se levantaron portando pancartas. Protestaban por los mártires del Valle de Polochic, en la región de Alta Verapaz, donde han sido asesinadas recientemente tres personas, en un conflicto que enfrenta por el dominio de la tierra, como casi siempre en Guatemala, a la población indígena con un pequeño puñado de gente de apellidos poderosos.
 
Los mensajes de las pancartas no podían ser más directos “¿Qué pensarían los mártires a los que hoy pedimos perdón de lo que ocurre en Polochic?”. El público asistió en silencio elocuente a la analogía. No era momento para hacer análisis, tampoco para aplacar el descontento de quienes demandan del gobierno mayor coherencia entre sus discursos y sus prácticas.
 
¿Cómo aceptar el perdón cuando a manos de los mismos escuadrones siguen muriendo los más pobres? En Guatemala las instituciones democráticas son endebles, pero dichosamente, las mujeres no lo son. No había más que escuchar cómo doña Emilia cerró el acto. Con más de 70 años, sigue presidiendo al Grupo de Apoyo Mutuo que ayudo a fundar: “Este perdón es un impulso para demandar que sigan las investigaciones”.
 
Dicho y hecho. Mientras escribo, el 10 de junio de 2011, fue detenido Héctor Rafael Bol de la Cruz, quien fuera director de la Policía Nacional entre 1983 y 1985. Con la detención de uno de los supuestos responsables intelectuales de la desaparición de los estudiantes, se espera que el proceso impulsado por sus familiares para hacer justicia, lo verdaderamente importante para ellas, avance con pasos decisivos.
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Alejandro Fernández. Comunicador popular. Artículo publicado en revista Envío de Nicaragua, www.envio.org.ni

 
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