A la extrema pobreza en que han vivido los pueblos indígenas panameños se añade ahora la amenaza de ser despojados de sus territorios por las concesiones mineras.
Jorge Sarsaneda, S.J.

Panamá / Ecnomía – En 1979, hace casi 32 años, Don Daniel Núñez, obispo de la panameña diócesis de David dijo: “Con caras sonrientes a pesar de las lombrices y de la desnutrición, los niños juegan fuera de la casa. La señora teje una chácara multicolor, mientras un niño desnudo, de meses, gatea junto a ella. La abuela trae agua y leña junto con dos niños; el señor y dos hijos han llegado de socolar y son recibidos con alegría. Corre el viento y la tranquilidad se siente. En medio de su pobreza hay gran cariño entre ellos, hay amor. Unos son bautizados, otros no; pero el mensaje de liberación de Jesús empieza a despertar en sus corazones.
 
Es una escena de una casa guaimí en cualquier lugar de la Comarca del Tabasará. No lo saben, pero están amenazados”.
 
Ha llovido mucho desde que se escribieron estas palabras en una carta pastoral. Muchas cosas han cambiado en Panamá y en las zonas indígenas, pero otras muchas no.
 
SIETE PUEBLOS INDÍGENAS
 
Desde 1997 existe en Panamá un territorio legalmente definido: la Comarca Ngäbe Buglé, de unos 4 mil kilómetros cuadrados, producto de una lucha larga y sangrienta. Por otras leyes se definieron otras Comarcas indígenas: Comarca Kuna Yala (1953), Comarca Enbera y Wounaan (1983), Comarca Kuna de Madungandí (1996) y Comarca Wargandi de los Kunas (2000).
 
En la Comarca Ngäbe-Buglé viven poco más de 110 mil indígenas de los pueblos Ngäbe y Buglé, un 55% de una población total de 200 mil. En el territorio panameño viven actualmente siete pueblos indígenas: Ngäbe, Buglé, Kuna, Enbera, Wounaan, Naso y Bribri. También hay Ngäbes, Bugles y Bribris en territorio de Costa Rica, y Kunas, Enberas y Wounaans en territorio de Colombia.
 
Para desarrollar la ley de la Comarca Ngäbe-Buglé se aprobó una Carta Orgánica, que en agosto de 2010 fue cambiada por el gobierno sin el consenso de los afectados.
 
Hay actualmente en la zona más escuelas y puestos de salud y algunas carreteras mal hechas. También, la presencia indígena se “siente” más en los medios, hay más indígenas estudiando en la universidad, los partidos políticos se han metido por todos lados en sus territorios, se han desarrollado muchos proyectos y se ha invertido mucho dinero… Sin embargo, el 95% de la población de esta Comarca sigue viviendo en pobreza —un 75% en “pobreza extrema”—, el 60% son considerados “analfabetas” del idioma castellano y son tratados como parias porque hablan sus idiomas y por el color de su piel. Anualmente migran muchos al occidente de Panamá y a Costa Rica, tantos al vecino país que falta mano de obra en la cosecha de café en Panamá. Emigran para conseguir trabajos mejor pagados, pero quienes emigran a las panameñas ciudades de David y Santiago llegan a pasar más pobrezas y marginaciones, una situación denunciada por muchas investigaciones.
 
¿POR QUÉ SE FUERON?
 
Por si fueran pocos los problemas a los que se tienen que enfrentar estos pueblos, se plantean ahora proyectos y más proyectos “para el desarrollo del país”. Todos con una historia detrás…
 
En 1977, hace ya 33 años, el proyecto de explotación de Cerro Colorado —considerado el segundo yacimiento de cobre (oro y plata) más grande del mundo— se cernía sobre la Comarca Ngäbe-Buglé, como un águila dispuesta a agarrar su presa. Estudios técnicos analizaron desde entonces y denunciaron el peligro de muerte en el que se encontraban los indígenas de toda la Comarca y las negativas consecuencias de esta explotación minera no sólo para estas comunidades, para todo el país.
 
Ya entonces se documentó que una mina en Cerro Colorado “a cielo abierto” —¿no será mejor llamarla “a infierno abierto”?— significaba la muerte ecológica y étnica para muchas comunidades. Hubo solidaridad internacional y se logró que muchos se unieran para enfrentar al “monstruo”. La posibilidad minera fue denunciada por múltiples grupos, especialmente por el obispo David Núñez, a quien se unieron todos los obispos católicos del país.
 
Las compañías involucradas, Codemin y la canadiense Río Tinto Zinc —de nefasta memoria—, decidieron, luego de saquear del país una buena cantidad de oro, que no explotarían la mina porque el precio del cobre no estaba en ese momento suficientemente alto. No les importaron los advertidos efectos sociales, ecológicos, culturales; ni siquiera los políticos, y decidieron irse sólo por razones económicas. Nos dieron un “respiro” y ahora vuelven a la carga.
 
CON CODICIA Y SIGILO
 
“Dormido” el proyecto de Cerro Colorado, volvieron su vista a Veraguas, a la mina de oro en Cañazas. Durante diez años estuvieron allí sacando oro y contaminando ríos, suelos y, sobre todo, personas. Después se fueron y sólo nos quedó un paisaje lunar y muchos enfermos.
 
Como todos estos proyectos necesitan energía, posaron después sus ojos “económicos” sobre los bellos, abundantes y caudalosos ríos que bañan nuestro pequeño país: Cobre, San Pablo, Tabasará, Viguí, San Félix, Changuinola, Teribe y varios otros. En la década de los años 70 ya se habían aprovechado del río Bayano, al oriente del país, construyendo una represa que inundó parte de lo que hoy es la Comarca Kuna de Madungandí. Los hermanos kunas seguían, y siguen esperando, beneficios e indemnizaciones. Los hermanos campesinos e indígenas del río Cobre llevan once años luchando para que no los desalojen. En Valle Riscó, los hermanos ngäbe han sufrido desalojos, despojos, pérdida de tierras y siembras, arrinconamiento de comunidades, destrucción de la ecología y del Bosque Protector de Palo Seco, por la construcción de la represa Chan-75.
 
El gobierno no ha actuado. Concedió tierra reservada por ley a la AES —empresa de generación eléctrica más grande de Panamá, subsidiaria de la estadounidense AES Corporation—, pero a los indígenas no les reconoció sus tierras “porque era Parque Nacional”. En ese saqueo de ríos, ya hay estudios sobre los caudales y posibilidades de los ríos Tabasará, Fonseca, Teribe y otros. Por eso no se concede a los hermanos naso su territorio.
 
Con gran sigilo, como para que mucha gente no se enterara, en 2006 le fueron concedidas, sin estudio de impacto ambiental, más de 24 mil hectáreas a una compañía minera para explotar un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno, que está en medio de la Comarca Ngäbe-Buglé, la Reserva Forestal Fortuna y el Bosque Protector Palo Seco. La Autoridad del Ambiente, de quien dependen las leyes sobre Reservas y Comarcas no dijo nada. Tampoco se le he consultado a quienes son dueños de estas tierras. ¿Será que prevalece el criterio de una “doctora” que ha afirmado que “los indios no son sus dueños porque no han comprado esas tierras”? Fue hasta abril de 2009 que la Corte Suprema suspendió, sólo temporalmente, las acciones de la empresa canadiense Dominion Minerals. Por tanto, el “machete afilado” sigue colgando sobre las cabezas de los hermanos chorcha y de todos los panameños.
 
¿EXISTE MINERÍA “LIMPIA”?                      
 
La proclamada “minería limpia” es el lema bandera de la explotación de entonces y de la actual en Coclé-Colón, donde actúan la Petaquilla Gold y Minera Panamá, buscadoras de cobre, oro y plata. Pero la realidad es que no existe minería limpia, lo que resulta, siempre y en todos los casos, una contradicción en los términos.
 
La Cámara Minera panameña declaró recientemente que “si no fuera buena la minería, no existirían tantas minas en Chile, Perú y Brasil”. Sin embargo, en esos países la historia y las pruebas muestran una minería sucia y contaminante. Sólo tenemos que vernos en el espejo envenenado de la mina panameña de Cañazas, en la mina de Cerro de Pasco en Perú, en la mina guatemalteca de Ixtahuacán o en la destrucción amazónica debido a la minería de oro.
 
¿CÓMO FRENAR ESTO?
 
Como los precios internacionales del cobre y del oro han aumentado, nuevamente quieren explotar ahora Cerro Colorado y otras minas en Panamá. Y para permitirlo, el gobierno panameño ha dado ya varios pasos. Uno, aprobar una reforma al Código Minero de 1963, lo que ha despertado la oposición de todos los grupos ambientalistas del país. Otro paso ha sido reformar, sin consulta y sin consenso, la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé, preparando así el camino para obtener más adelante “autorización” para esas explotaciones.
 
Quienes se oponen a este atropello hemos apostado por la organización, la concientización y el compromiso. Lo primero ha sido “organizar la rabia”. La rabia que produce que se quiera explotar una riqueza pasando por encima de la gente, incluso matándola si fuera necesario. La rabia que produce que se quiera destruir el país para asegurarle riqueza a unos pocos. La rabia que produce que gente inocente, como los niños indígenas, tengan su futuro envenenado a causa de la riqueza sobre la que nacieron. La organización de la rabia se ha reflejado en grupos comunitarios, en autoridades tradicionales, en grupos solidarios, en la sociedad civil, en apoyos internacionales, en grupos pastorales.
 
La consecuencia han sido dos meses de “pulso” muy fuerte entre el gobierno y los indígenas, unidos a muchos grupos sociales. Después de manifestaciones, comunicados, protestas, cierres de carreteras, heridos, presos y golpeados, logramos que el gobierno cediera y derogara la inconsulta ley minera. Actualmente, hay un diálogo ríspido y tenso para definir legalmente que no haya explotaciones mineras en la Comarca Ngäbe-Buglé.
 
En segundo lugar, concientización. Falta mucho todavía que decir a todo el país. Es increíble que todavía haya profesionales supuestamente bien formados (médicos, ingenieros, etc.) que piensan que cultura es igual a atraso, que la tierra sólo se posee por compra, que toda inversión es progreso. Nos sorprenden a cada rato las manifestaciones y justificaciones racistas de muchos panameños, que proceden de la ignorancia.
 
En tercer lugar, compromiso. La Iglesia católica panameña ha hablado claramente en un Comunicado de la Conferencia Episcopal del 13 de enero: “No toda inversión es deseable. Es el caso de la minería. Ella se ha convertido, junto con la deforestación, en la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región. En general, los países tienen leyes débiles ante la inversión extranjera y una laxa reglamentación que no garantiza que sustancias contaminantes, como el cianuro, se manejen con seguridad para la salud de la población. Tampoco se han desarrollado mecanismos de consulta legítimamente reconocidos que permitan a las comunidades afectadas informarse verazmente y hacer valer sus demandas”.
 
NUESTRA LUCHA
 
En numerosos encuentros zonales y nacionales de la Iglesia católica, obispos y agentes de pastoral (sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos) que trabajan en las zonas comarcales del país, hemos mostrado nuestra preocupación ante los proyectos mineros, puesto que a la secular situación de marginación y extrema pobreza se añade ahora la amenaza creciente de despojo y expolio de sus territorios ancestrales por concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos, en nombre del “progreso nacional”.
 
Muchos relatos indígenas apoyan esta lucha. Como Iglesia tenemos que continuar al lado de estos pueblos aunque tengamos que pagar un alto precio. No es otra tarea la que nos exige el Evangelio de Jesucristo.
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Jorge Sarsaneda, S.J. Miembro de la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena. Artículo publicado en revista Envío, www.envio.org.ni

 
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