Resolver la cuestión social supone el trabajo mancomunado entre el Estado Federal y el de Río de Janeiro.
José Antonio Faro

Brasil / Política – Las imágenes dieron la vuelta al mundo: la policía entrando a las favelas de Río de Janeiro mientras unos grupos aplauden, cansados del dominio de los narcotraficantes. Mientras tanto algunos delincuentes huyen y otros se entregan a la justicia.
 
Sin embargo, hoy la pregunta es: ¿y después?
 
Para el sociólogo Antonio Flavio Testa, de la Universidad de Brasilia, asesor en el Senado Federal de Brasil en tema de seguridad, el operativo policial desarmó la organización narco pero no impedirá que se reorganice en otro lugar donde exista pobreza y precariedad. Para él, el Estado debe encarar el problema no sólo desde la seguridad, sino como cuestión social.
 
Coincide con él otro sociólogo, Luiz Eduardo Soares, ex secretario de Seguridad del estado de Río de Janeiro, quien considera que el problema de la violencia y la delincuencia es estructural, y debe ser afrontado con un programa de inserción social y de promoción humana de amplio alcance y a largo plazo. El tema de la seguridad, opina, no es de solución inmediata: “Cuando hay un paciente en terapia intensiva por una enfermedad grave se recurre a todos los medios para contener los síntomas y salvarlo. Pero eso no resuelve el mal en sí. La sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos deben comprender que el problema es multidimensional y tiene que ser encarado en modo sistémico en el mediano y largo plazo. De lo contrario, seguiremos teniendo crisis cada vez más dramáticas para las que no hay soluciones mágicas”.
 
Sin embargo, aparentemente el gobierno de Río de Janeiro no ha aplicado, hasta ahora, soluciones de ese tipo. De hecho, el propio Soares, en el año 2000, renunció al cargo de secretario de Seguridad precisamente porque no encontró respaldo para su propuesta de implementar un plan integral de seguridad, y posiblemente por sus críticas a la política aplicada hasta ese momento en el área.
 
Para Soares, la ausencia del Estado en las favelas ha permitido que las organizaciones delictivas ocupen esos espacios. Desde los años sesenta el narcotráfico se volvió un estado en el Estado, imponiendo su poder con la intimidación y la violencia. Y las políticas públicas no llegaron a los pobladores de las favelas. Qué hacer en beneficio de sus habitantes dependía de la decisión del narcotraficante, que controlaba hasta el ingreso de las personas en “su territorio”. Esporádicos operativos policiales permitían la captura de unos pocos delincuentes, y a menudo para vengar la muerte de un agente y no tanto por garantizar más seguridad a los pobladores. Además, entre policía y narcotraficantes siempre hubo un acuerdo más o menos tácito de mutua protección: no es novedad que algunos policías recibían dinero a cambio de cerrar los ojos. Y la gente se acostumbró a vivir en medio de este juego de poder y de corrupción.
 
En efecto, Antonio Testa considera que hay que cambiar el modo de ver el tema de la seguridad. No es, para él, una cuestión policial, sino de gobierno. Todos los ámbitos estatales vinculados con el comportamiento humano tienen que participar en este proceso, en cooperación con la sociedad civil. “Históricamente —afirma— la acción de gobierno ha privilegiado la maquinaria policial. Es un modo de actuar por reacción, a menudo cruel y violento, que cambia la geografía criminal pero no disminuye el problema”. Y añade que la policía, además, no está preparada para afrontar la complejidad que supone la violencia. Por eso hay que cambiar en profundidad la formación de la policía heredada de la dictadura, y que entonces defendía el Estado autoritario. La policía colabora con la acción del gobierno, pero no la puede reemplazar donde hay importantes carencias sociales. Y queda por eliminar la corrupción policial y mejorar los salarios.
 
EXPERIENCIAS POSITIVAS
 
Las exitosas Unidades de Policía Pacificadoras (UPP) confirman la necesidad de invertir en formación. Los resultados logrados en las favelas donde se han instalado son alentadores. La iniciativa, que pertenece precisamente a Luiz Eduardo Soares, consiste en la instalación de centros permanentes de las UPP en las zonas más vulneradas por el narcotráfico. Su tarea es la de reprimir la criminalidad y prevenirla articulando y mediando en el diálogo entre las fuerzas vivas locales. Los centros funcionan en doce favelas de Río, donde viven unos 300 mil habitantes. Los avances son muy positivos: se pacificaron las comunidades y se recuperó el clima de confianza e integración social que el narcotráfico había destruido.
 
Aun así, hay que ver las UPP como un comienzo del proceso de desmantelamiento de la criminalidad y el narcotráfico. Para Antonio Testa, “sin urbanización, electricidad, pavimentación de las calles, salud, escuelas, trabajo, entretenimiento, en fin, sin la promoción social, la actividad policial no sirve”.
 
Resolver la cuestión social supone el trabajo mancomunado entre el Estado Federal y el de Río de Janeiro. Durante mucho tiempo, las disputas políticas impidieron la colaboración en desmedro de la población, que no recibió mejoras importantes. La buena noticia es que tanto el intendente actual de Río como el gobernado del Estado están dando muestras de haber superado esta mentalidad, avalando la implementación del Programa Federal de Aceleración del Desarrollo, con inversiones para promover las áreas más carenciadas del país en materia de políticas públicas.
 
En algunas favelas, si bien aún son pocas, se aprecian las obras de construcción de escuelas, de centros de formación profesional, de atención sanitaria, de actividades culturales y de entretenimiento para las comunidades. Testa confirma que donde se verifica esta convergencia, los resultados positivos son apreciables en cuanto a la superación de la violencia y el crimen. Como bien dijo una mujer de una favela: “Ahora sabemos que el Estado le puede ganar al narcotráfico. Y ahora también le pedimos que no nos abandone”.
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José Antonio Faro. Publicado en la revista Ciudad Nueva, www.ciudadnueva.org.ar

 
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