Desconfianzas, rivalidades e intrigas observadas o impulsadas por la diplomacia estadounidense, y escaso análisis de parte de esta revelan las filtraciones expuestas en ese sitio de Internet hacia nuestro Continente.
Raúl Sohr

Santiago / Política – Miles de cables secretos de la diplomacia estadounidense publicados por WikiLeaks pintan un cuadro poco halagüeño de Latinoamérica. Los informes de las embajadas de Washington contienen dos mensajes claramente diferenciados. Uno está en el análisis propio de los diplomáticos estadounidenses. Este nivel, como cabe esperarlo, reproduce las prioridades de la política exterior norteamericana. Más sorprendentes son los juicios recogidos de la boca de importantes políticos de distintos países, en algunos casos criticando a colegas o mandatarios y, en otros, faltando a la más elemental prudencia a la hora de emitir juicios.

Es claro que las filtraciones publicadas presentan una visión parcial y sesgada. Llama la atención la preocupación de la diplomacia estadounidense sobre el estado de salud de los mandatarios de la región. Ello va desde la estabilidad emocional de la presidenta argentina Cristina Fernández a los dolores de espalda del depuesto gobernante hondureño Manuel Zelaya. En todo caso, los difundidos son los cables más noticiosos. Es decir, aquellos que revelan conflictos u opiniones lesivas para personajes públicos. Con todo, se advierte la ausencia de una agenda de acción de la diplomacia regional estadounidense. No emerge, de la masa de comunicados, una visión de conjunto que revele un proyecto político o económico de liderazgo de Washington. Más bien se aprecia una actitud reactiva centrada en dos temas: la lucha contra el narcotráfico y, en el plano político, la contención del Gobierno de Hugo Chávez y de sus aliados bolivarianos.
 
MÉXICO: INCAPACIDAD FRENTE A LA DROGA
 
Frente a la amenaza del tráfico de drogas, las revelaciones más contundentes son las que aluden a México. Estados Unidos señala que allí las autoridades carecen de la capacidad de confrontar en forma eficaz el embate de los carteles. Si bien elogian la firmeza del Gobierno del presidente Felipe Calderón, por otro lado lamentan la incompetencia institucional. En primer lugar, subrayan las eternas pugnas entre las numerosas policías y las propias Fuerzas Armadas. En un cable se señala que las rivalidades llevan a que un cuerpo uniformado considere que “el éxito de un organismo se ve como el fracaso de otro”. En otro se lee: “La información se guarda celosamente y las operaciones conjuntas son casi desconocidas. La corrupción oficial es generalizada (...). Los ratios de acusación de delitos son tristes: el 2% de los detenidos son llevados a juicio; solo el 2% de los detenidos en Ciudad Juárez han sido responsabilizados de un crimen”. Renglón aparte merece el Ejército, que en varias referencias es destacado por su total falta de preparación, lentitud y cobardía, lo que diplomáticamente es descrito como “su aversión al riesgo”.
 
PERÚ: CORRUPCIÓN MILITAR
 
En Perú los militares también salen mal parados. En un informe redactado por el ex embajador de Estados Unidos en el país, Michael McKinley, se lee: “Altos mandos militares reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que operan en el valle de los ríos Apurímac y Ene”. Específicamente, McKinley alude al general Paul Da Silva, hoy comandante general del Ejército, que se reunió en 2007 con el empresario pesquero Rolando Velasco Heysen quien, solo meses más tarde, fue detenido intentando sacar del país 840 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de pescado congelado. La reunión con el empresario, según los despachos, buscaba coordinar envíos de droga al exterior. McKinley señaló que las redes creadas al interior de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori, en los años noventa, siguen activas y mantienen sus vínculos con el tráfico de drogas. El presidente Alan García es alcanzado por observaciones sobre su “colosal ego” y su carácter bipolar.
 
COLOMBIA: SEGURIDAD, INTRIGAS Y DD.HH.
 
Colombia, el más estrecho aliado de Washington, recibe atención especial. A juicio de la revista colombiana Semana, “lo más preocupante del escándalo de las filtraciones de WikiLeaks es la obsesión del Gobierno de Colombia por complacer al de Estados Unidos”. La publicación evoca el acuerdo que permite a Estados Unidos usar bases militares colombianas. En su interpretación, “los cables permiten deducir que, al contrario de lo que se especuló en su momento, fue el propio presidente Álvaro Uribe, y no Washington, el que lo pidió, y lo hizo para usarlo como arma de disuasión con Venezuela y Ecuador”. La decisión de facilitar siete bases militares en 2009 llevó al Gobierno venezolano a congelar las relaciones con Bogotá. Chávez declaró que la decisión equivalía a una “cabecera de playa de la estrategia de contención yanqui en América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones”. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa cerró definitivamente el 17 de julio de 2009 la base militar de Manta, desde la que operaban fuerzas estadounidenses. Como era previsible, rechazó que las mismas operaciones que vedó en su territorio se hiciesen al otro lado de su frontera norte.
 
Quizás más llamativo es apreciar cómo las más altas autoridades colombianas compiten por lograr la atención del experimentado embajador William Brownfield (que representó a Estados Unidos en Chile entre 2002 y 2004). Así, por ejemplo, se cita al entonces vicepresidente Francisco Santos, que pide a Brownfield que le explique al presidente Uribe la gravedad de la crisis por los abusos del servicio de inteligencia, el DAS, ya que no parece captar la seriedad de la situación. El comandante de las fuerzas militares, general Freddy Padilla, le pregunta si su Gobierno puede ayudarle a identificar a los militares que violan los derechos humanos. El director de la Policía, Óscar Naranjo, “urge a Estados Unidos a poner atención sobre la disfuncionalidad del Ministerio de Defensa”. El propio Uribe llama al fiscal general, Guillermo Mendoza, y coloca el altavoz del teléfono para que el embajador Brownfield escuche en directo los desarrollos de una investigación. Pero este, al parecer, no queda muy convencido pues en un cable señala que las “iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia entre los militares”. El general Carlos Suárez, encargado de la investigación de estos hechos dentro de las Fuerzas Armadas, declara a diplomáticos de Estados Unidos que Uribe “consideraba el éxito militar en términos de muertes”, pese a argumentos de algunos militares y políticos que hacían énfasis en la defensa de los derechos humanos. A ello agregó que, de los últimos informes de muertes de enemigos en combate, “muchos de ellos no pertenecientes a las FARC, crean una imagen engañosa de progreso”. El cable se refiere a los asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado. Desde el año 2002 se contabiliza más de un millar de los llamados “falsos-positivos”. Un “positivo”, en la jerga castrense, es un guerrillero muerto. A una persona asesinada para hacerla pasar por insurgente se le denomina un “falso-positivo”. Las organizaciones ciudadanas que denunciaron esta figura fueron motejadas por el Gobierno como “voceros del terrorismo”. En la campaña por neutralizar a los opositores intervino el DAS, que realizó una serie de montajes políticos. El organismo desarrolló campañas de calumnias contra jueces, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones opositoras. Las acusaciones infundadas fueron desde vinculaciones con la guerrilla hasta casos de corrupción.
 
BRASIL: DESCONFIANZAS MUTUAS
 
Las relaciones con Brasil conocen altos y bajos. En un mensaje de noviembre de 2009 se lee: “Brasil estima estar comprometido en una competencia con Estados Unidos y desconfía de las intenciones estadounidenses (...). Brasil tiene una necesidad casi neurótica de ser igual a Estados Unidos y de ser percibido como tal”. Entre las discrepancias entre ambos países figura la postura hacia Venezuela. Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores brasileño, es citado en un mensaje de marzo de 2007 señalando que “la orientación política de Hugo Chávez no es la de Brasil, pero los brasileños no se sienten amenazados por Chávez. El aislamiento no es una solución con Chávez”. Ello no impidió que Washington vetase una importante compra militar venezolana de aviones brasileños Super Tucano. La venta fue impedida pues los aparatos cuentan con motores fabricados en Estados Unidos y requieren autorización para ser vendidos a terceros países. En uno de los cables se reconoce el daño causado por la medida: “El incidente de los Super Tucano creó un nivel de desconfianza en el cual Estados Unidos puede revisar sus compromisos si hubiese un cambio de Gobierno allí, según lo manifestó un ministro”. Otro cable detalla que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue un obstáculo ante las aspiraciones de la empresa Boeing de lograr un contrato para suministrar a Brasil treinta y seis Global Super Hornet F-18 por un costo estimado de US$ 4.400 millones. Los fabricantes creen tener el mejor producto, pero uno de los cables advierte que “los líderes brasileños continúan dudando de la capacidad estadounidense para cumplir (…). Sigue habiendo una fuerte percepción en círculos políticos en cuanto a que comprarle a Francia sería mejor para los intereses de Brasil”. París ofrece su avión Rafale, pero la decisión final no ha sido tomada aún.
 
CHILE: ¿“ALTERNATIVA” A CHÁVEZ?
 
En marzo de 2008 Sebastián Piñera —que entonces estaba a punto de conseguir la nominación como candidato de la Alianza por Chile— le señala al embajador de Estados Unidos que Michelle Bachelet es “una buena mujer, pero una mala presidenta”. En materia de política internacional la critica “por mantener vínculos demasiados estrechos con Chávez”, incluyendo el haber querido brindar apoyo a la postulación venezolana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2006. Piñera manifestó en la oportunidad que Chávez estaba equivocado en la disputa entre Colombia y Ecuador, en la búsqueda de lazos estrechos con Irán y que constituía una fuerza desestabilizadora en la región. Aseveró además que “todas las posturas de Chávez son contrarias a los intereses chilenos”. Palabras muy bien recibidas por la embajada estadounidense donde, según uno de los cables, se consideraba que “Chile ofrece otra excelente alternativa a Chávez” y que el país podría contribuir a neutralizar las ideas propugnadas por el líder bolivariano. Pero el cable advierte que deben “encontrar otras formas de hacer que Chile lidere iniciativas importantes, pero sin hacerlos parecer nuestros títeres o representantes”.
 
El panorama que emerge de la selección de cables expuestos por WikiLeaks muestra a una diplomacia estadounidense bastante relajada. No destacan problemas de acuciosa urgencia, salvo el caso de México. Lo que sí es manifiesto en algunos países es la voluntad de ciertas autoridades por ganar el favor de Washington. Esto último ha sido, en todo caso, la tónica por muchas décadas en varias capitales hemisféricas pese a una retórica pública en sentido contrario.
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Raúl Sohr. Analista internacional y ensayista. Artículo publicado en revista Mensaje, www.mensaje.cl

 
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