Todos los protagonistas de la violencia política en Colombia coinciden en un punto: el conflicto no tiene una solución militar. Hoy, el nuevo Gobierno parece contar con cierta ventaja.
Raúl Sohr

Santiago / Política – Los colombianos esperan que con la recién inaugurada presidencia de Juan Manuel Santos terminen décadas de violencia. La política de su país ha estado dominada por la lucha entre insurgentes, fuerzas gubernamentales y organizaciones paramilitares. En el curso del conflicto han sido desplazados de sus tierras unos cuatro millones seiscientos mil campesinos entre 1985 y 2008, o sea, alrededor del 10% de la población nacional. Tan solo en el año 2008 unos trescientos ochenta mil de esos trabajadores rurales debieron abandonar sus tierras, amenazados por la violencia. Más de medio siglo de actividad guerrillera izquierdista, operaciones militares y, en el último decenio y medio, la irrupción de paramilitares aliados a las Fuerzas Armadas, dejan un país traumatizado.

Todos los protagonistas de la violencia política colombiana coinciden en un punto: el conflicto no tiene una solución militar. Tarde o temprano los beligerantes, como ocurrió en las guerras civiles centroamericanas, deberán sentarse a una mesa de negociaciones. Las ofensivas militares —dice cada bando— no apuntan a la exterminación del adversario. El objetivo es forzarlo a una negociación desde una posición de fuerza. En este cometido, el Gobierno parece estar más cerca de la meta declarada.
 
El viernes 30 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) difundieron un video en el que su máximo jefe, Guillermo Sáenz, alias “Alfonso Cano”, invitó a Santos “al diálogo y la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto interno”. Se trató de una invitación más bien retórica pues, junto con su llamado, señaló que el nuevo Mandatario “garantiza la continuidad de las políticas y estrategias” de Uribe, cuya gestión de ocho años calificó como “corrupta y podrida”. Estos juicios alcanzan a Santos, quien se desempeñó bajo dicha Administración como Ministro de Defensa.
 
Santos aprovechó su discurso de investidura para responder a las FARC: “A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y negociación, les digo que mi Gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa”. Pero exigió como prerrequisito a los insurgentes la renuncia a las armas. Agregó que “mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción”.
 
Está a la vista que ninguna de las partes quiere entrar en negociaciones.
 
EL LEGADO DE URIBE
 
El presidente Álvaro Uribe dejó el poder tras dos mandatos cuatrienales, con una popularidad envidiable. Las encuestas le otorgaban un 75% de aprobación. Fue él quien nominó como el portaestandarte del “uribismo” a Santos. Este último, en su condición de Ministro de Defensa, cosechó las palmas por la Operación Jaque que permitió la liberación de Ingrid Betancourt en julio de 2008. Claro que Uribe solo le dio la luz verde a la candidatura de Santos una vez que la Corte Suprema le vedó el camino a una tercera reelección.
 
La viga maestra del Gobierno de Uribe fue la llamada política de “Seguridad Democrática”, elaborada por sus generales. Ella consistió en una guerra sin tregua contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Gradualmente, consiguió reducir las actividades de grupos paramilitares de ultraderecha por la vía de la desmovilización pactada. Frente a la guerrilla logró mermar, mediante una ofensiva en muchos frentes, su gravitación militar. Esto fue posible, en gran medida, gracias al generoso respaldo militar y financiero de EE.UU.
 
Hace una década, en julio de 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton otorgó el primer gran paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares. Más del 70% estaba destinado al combate contra el narcotráfico desplegado por los militares. Pero, como era esperable, a poco andar los fondos fueron dirigidos a la lucha contra los insurgentes. Desde esa fecha, Bogotá ha recibido 7.300 millones de dólares en el marco del “Plan Colombia”.
 
En Washington hay una manifiesta satisfacción por los resultados. Ello es así al punto de que la experiencia colombiana es presentada como un ejemplo para México o, incluso, Afganistán. Robert Gates, el ministro de Defensa de Estados Unidos, en una visita a Bogotá en abril, no ahorró halagos para Uribe. Lo calificó de “heroico” y de “pieza clave para la seguridad y prosperidad de Sudamérica”, además de “una fuente única de experiencia y conocimiento para sus vecinos”. ¿Cuáles son los logros para semejantes elogios?
 
Colombia enfilaba, a comienzos de la década, a lo que puede considerarse un Estado fallido: un poder político desacreditado, un Poder Judicial ineficaz y unas Fuerzas Armadas incapaces. Todo lo anterior redundaba en una creciente pérdida de control del Estado sobre el territorio. Las FARC instalaban retenes en la mayoría de las carreteras nacionales y filtraban el tráfico. Practicaban lo que con humor cruel llamaban “la pesca milagrosa”. Cada tanto, secuestraban a alguna persona con recursos y exigían recompensa a cambio de su liberación. El diagnóstico de Washington entonces era: “La soberanía nacional de Colombia es amenazada en forma creciente por una guerrilla resurgente”.
 
Las estadísticas muestran que las cosas han cambiado desde entonces: mientras en 2002, cuando asumió Uribe, se registraron 27.829 homicidios, en 2009 se contaron 17.717. Los secuestros bajaron de 2.882 en 2002 a 213 en 2009. Los ataques guerrilleros cayeron de 1.645 en 2002 a 486 en 2009. Según el Gobierno, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras han sido menguadas a la mitad y hoy sumarían menos de 10.000 efectivos movilizados. ¿Cuál es la clave de los éxitos de Uribe? El masivo paquete de ayuda estadounidense le permitió casi triplicar el presupuesto bélico y las Fuerzas Armadas pasaron de 256.000 efectivos a 446.000. Aumentó en forma decisiva la eficacia del esfuerzo militar. La mejora en la movilidad y las comunicaciones de las fuerzas regulares y la policía tuvo un impacto notorio sobre la guerrilla.
 
EL LADO OSCURO
 
El lado no democrático y brutal de la ofensiva oficialista fueron los asesinatos ejecutados por militares y agentes del Estado. Desde 2002 se contabilizó más de un millar de los llamados “falsos-positivos”. Un “positivo”, en jerga castrense, es un guerrillero dado de baja. Cuando la víctima no es un insurgente sino un ciudadano secuestrado para hacerlo pasar por tal, se habla de un “falso-positivo”. Por cada rebelde ultimado, los soldados responsables reciben semanas de vacaciones y remuneraciones del orden de los dos mil dólares. Ante denuncias de secuestros de inocentes, Uribe formulaba desmentidos: “Cuando avanza la acción contra la guerrilla, cualquier baja ya la denominan ejecución extrajudicial”. Las organizaciones ciudadanas que denunciaron estos hechos fueron motejadas por el Gobierno como “voceros del terrorismo”. Pero el servicio de inteligencia colombiano, el DAS, tuvo un activo rol en una serie de montajes políticos. Documentos que salieron a la luz pública muestran que realizó campañas de calumnias contra jueces, políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones opositoras. Las acusaciones infundadas iban desde vinculaciones con la guerrilla a casos de corrupción. Pese a los esfuerzos por desacreditar a sus acusadores, la evidencia fue abrumadora y el Gobierno terminó por sacar a retiro a veintisiete militares, entre ellos, a tres generales. Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, señaló en su informe 2010: “Miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país… La actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, llega al 98,5%”. Señaló además su preocupación, pues “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones a los derechos humanos fueron desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”. Estos juicios podrían penarle aún a Uribe.
 
DETERIORO DE RELACIONES VECINALES
 
Entre los costos de la guerra contra la guerrilla, está el drástico deterioro de las relaciones colombianas con dos de sus vecinos: Venezuela y Ecuador.
 
Uribe imputaba a ambos países dar refugio a las FARC. Las cosas tomaron un giro drástico con la incursión militar al interior de territorio ecuatoriano en marzo de 2008. Santos, en su calidad de Ministro de Defensa, dio luz verde para el ataque que dejó veintisiete muertos, incluido el comandante de las FARC, Raúl Reyes, segundo en la jerarquía de los insurgentes. Ello llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Quito. Tras el ataque, Uribe se interrogó: ¿cómo puede privilegiarse una frontera deshabitada por encima de la captura o eliminación de terroristas que amenazan la vida de inocentes? Fue una reflexión similar a la de quienes practicaban secuestros bajo el eufemismo de “entregas extraordinarias” y mantenían cárceles clandestinas. La seguridad nacional, en esta óptica, es el bien mayor por encima del derecho internacional y los derechos humanos.
 
Las relaciones sufrieron un nuevo deterioro, en 2009, con la autorización a fuerzas de Estados Unidos para instalarse en siete bases militares colombianas. Ello llevó al Gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez a congelar las relaciones. Uribe reivindicó el principio de la soberanía nacional para mantener tropas estadounidenses en su territorio. Esta visión no fue compartida por Venezuela ni Ecuador. Chávez declaró que la decisión de Bogotá equivalía a una “cabecera de playa de la estrategia de contención yanqui en la América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones. De hecho, estas nuevas bases militares constituyen un peligro real y concreto contra la soberanía y la estabilidad de la región sudamericana. Son puntas de lanza del nuevo coloniaje”. Por su parte, Rafael Correa, el presidente ecuatoriano que el 17 de julio de 2009 cerró definitivamente la base militar de Manta desde la que operaban fuerzas estadounidenses, no aprobó que las mismas misiones que vedó en su territorio se desplazasen del otro lado de su frontera norte.
 
La última crisis fue precipitada por la denuncia colombiana, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el 22 de julio, de que en Venezuela había una presencia “consolidada”, “activa” y “creciente” de unos 1.500 guerrilleros. Pidió, en consecuencia, a la OEA la creación de una comisión internacional que verificase en treinta días dicha presencia. Chávez respondió refutando las acusaciones y con el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas. Fue una ruptura breve. El 7 de agosto asumió la presidencia Juan Manuel Santos y, tres días más tarde, se reunió con Chávez en Santa Marta, Colombia, para reanudar las relaciones. En la ocasión, Chávez declaró: “El gobierno de Venezuela ni permite la presencia de la guerrilla ni de grupos paramilitares en su territorio”. Así, Bogotá logró un éxito diplomático pues estrechó el margen de maniobra de Caracas. Algo que Santos se encargó de subrayar: “Chávez lo ha dicho de todas las formas. Él no va a permitir la presencia de grupos al margen de la ley en su territorio”.
 
Pese a las declaraciones, la desconfianza mutua está instalada. Bogotá mantiene sus acuerdos militares con Estados Unidos y su embajador designado Larry Palmer declaró al Senado de su país que está al tanto “de los claros vínculos entre miembros del Gobierno venezolano y las guerrillas colombianas”. Sostuvo además que las “FARC mantienen campamentos en Venezuela”. Estas declaraciones reavivan las sospechas de Chávez de que Washington y Bogotá están confabulados en su contra. Ante este cuadro, la normalización de los lazos entre ambos países da base para, apenas, el más cauto optimismo.
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Raúl Sohr. Analista internacional y ensayista. Artículo publicado en revista Mensaje, www.mensaje.cl

 
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