No hay ningún cambio en políticas que por sí solo sea más beneficioso para reorientar las prioridades en la frontera entre Estados Unidos y México que una reforma migratoria global.
Andrew Selee

Washington / Política – Es difícil pasar por alto la mortal ola de violencia que ha envuelto a varias ciudades y estados de México recientemente. Según estimaciones del gobierno mexicano, han muerto más de 22.000 personas en hechos de violencia relacionados con la droga desde diciembre de 2006. En muchos casos los asesinatos son especialmente truculentos, se han arrojado cabezas decapitadas al interior de clubes nocturnos o exhibidas en estacas en lugares públicos a modo de advertencia a las bandas de narcos rivales. Igualmente alarmante es el creciente número de periodistas asesinados por el crimen organizado para silenciar a la prensa y a los líderes cívicos que han intentado documentar la creciente guerra entre los diferentes grupos criminales, con la complicidad de algunas autoridades locales.

La violencia no es universal. México registra menos de la mitad de homicidios per cápita que Brasil, y un tercio que El Salvador. Mientras el índice de asesinatos es el doble que el de los Estados Unidos hoy en día, es muy similar a la que había en este país hace 15 años. México no se está desmoronando, a pesar de que las noticias a menudo dejan esa impresión.
 
Pero mientras la mayor parte de México vive en paz, hay varias ciudades y pueblos que viven en medio de un infierno de asesinatos relacionados con la droga. Ciudad Juárez es el lugar que ha sido más duramente golpeado, con más de 2.000 asesinatos relacionados con la droga el año pasado y más de 1.000 en lo que va corrido del año, incluyendo la brutal masacre de 15 adolescentes en enero y de tres personas ligadas al consulado estadounidense en marzo.
 
Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera de El Paso, Texas, es un lugar crucial para el embarque de narcóticos, y una de las varias ciudades en disputa entre bandas de narcos rivales. Reynosa, cerca de MacAllen, Texas, y Tijuana, al otro lado de San Diego, California, también se han convertido en zonas calientes. Asimismo, varios puertos marítimos como Acapulco y áreas al interior de México cercanas a las principales carreteras que ahora están siendo usadas en el traslado de los narcóticos de sur a norte. Tal vez sea igualmente preocupante los muchos lugares donde hay un nivel limitado de violencia, en los cuales hay crecientes señales que indican que el crimen organizado está operando, haciendo sentir su presencia lentamente, presionando a las autoridades públicas y a los ciudadanos por igual.
 
UN COMERCIO CIRCULAR
 
Un reciente reportaje de la Associated Press destacó que las cuatro ciudades más seguras en los EE.UU. son El Paso, Austin, Phoenix y San Diego. Dos de ellas, El Paso y San Diego, están justo frente a dos de las ciudades más peligrosas de México: Ciudad Juárez y Tijuana, mientras que las otras dos están vinculadas a México a través de importantes carreteras. La aparente calma en el lado estadounidense de la frontera no deja traslucir hasta qué punto las drogas ilegales son en la actualidad un comercio eminentemente binacional y de gran circulación.
 
Desde finales de los ’90, México se ha transformado en el centro del comercio ilegal de narcóticos del hemisferio occidental. Las organizaciones narcotraficantes mexicanas controlan la mayor parte del comercio de cocaína y heroína de la región como también mucho del comercio de marihuana y metanfetaminas. El aumento en el tráfico de drogas en México pareciera estar relacionado con la atomización de los principales carteles de la droga de Colombia y los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para bloquear las rutas caribeñas de transbordo de narcóticos. Paradojalmente, el aumento de la democracia competitiva en México hacia fines de los ’90 (durante décadas el gobierno era controlado por un solo partido) también ha favorecido a los traficantes de drogas, los que han aprendido a reclutar a las autoridades del gobierno local de algunas regiones del país para su propio beneficio.
 
Pero mientras México se ha transformado en el mayor centro de transbordo de la región para los narcóticos ilegales, los EE.UU. siguen siendo su mayor mercado. No existen cifras confiables sobre el valor de este comercio, pero el gobierno estadounidense dice que al menos entre 19 y 39 mil millones de dólares en utilidades se transfieren desde sus consumidores hacia las organizaciones de tráfico de drogas mexicanas y colombianas cada año. Mucho de este dinero se mueve en dinero contante y sonante, mientras cantidades más pequeñas son lavadas a través del sistema financiero o invertidas en la compra de armas de gran calibre que son empleadas en la violencia. Si bien hay muchísimo menos violencia en el lado estadounidense de la frontera, ambos países están íntimamente ligados por el comercio de drogas y armas.
 
En años recientes ambos gobiernos se han esforzado mucho para poner presión a las organizaciones de narcos, haciéndoles más difícil el cruce de la frontera y el transporte de sustancias ilegales a través de México, pero estos mismos hechos pueden haber dado origen a la violencia. Ya que es más difícil transportar narcóticos desde México hacia los EE.UU., los traficantes han empezado a pelearse entre ellos por el control de las cada vez más valiosas rutas de transbordo y lugares de acceso a lo largo de la frontera entre ambos países.
 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
 
En los últimos tres años, los gobiernos de Estados Unidos y México se han comprometido en una ambiciosa asociación para limitar el alcance de los grupos de crimen organizado que transportan narcóticos ilegales desde México hacia Estados Unidos. Parte de este esfuerzo ha sido la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda estadounidense por 1,3 mil millones de dólares para la compra de equipo y entrenamiento a las agencias policiales, cortes y los militares para el combate a los traficantes y fortalecer el imperio de la ley.
 
No obstante, un factor más importante ha sido el reconocimiento de ambos países que no pueden enfrentar el desafío que les presentan los grupos de crimen organizado sin la cooperación del otro lado de la frontera. Personeros de gobierno de los dos países hablan cada vez más de “responsabilidad compartida” al enfrentar el crimen organizado, un término acuñado por la Secretario de Estado Hillary Clinton en un viaje a México en 2009 y reforzada por el Presidente Obama en sus dos viajes a México ese mismo año.
 
Un impacto tangible de la cooperación ha sido el mayor grado de traspaso de información entre ambos países, lo que ha permito al gobierno mexicano la captura de algunos líderes de grupos de crimen organizado. Esfuerzos renovados para arrestar a algunos de los traficantes que operan en territorio estadounidense se han centrado en miembros de la violenta pandilla Barrio Azteca, un grupo con base en El Paso que lleva a cabo muchos de los asesinatos por encargo para el cartel principal de Ciudad Juárez. Los esfuerzos por desbaratar el flujo financiero y de armas que alimenta las organizaciones de narcos están todavía en sus etapas preliminares y necesitan crecer muchísimo para que puedan tener algún impacto.
 
REFORZANDO LAS INSTITUCIONES
 
La diferencia en las tasas de asesinatos en ambos lados de la frontera apunta a una importante verdad subyacente acerca de la capacidad de los dos países de lidiar con el crimen organizado. Mientras las organizaciones de traficantes operan por igual en ambos lados de la frontera, en los Estados Unidos son muy cuidadosos de no atraer atención sobre sí mismos porque arriesgan ser arrestados. En México, en contraste, es menos frecuente que sean arrestados, y sólo el 2% de los mayores crímenes terminan en condenas privativas de libertad, según un estudio hecho por el criminólogo mexicano Guillermo Zepeda.
 
Esa cifra puede estar cambiando. El Congreso mexicano aprobó una importante reforma constitucional del sistema judicial en 2008 que implica el cambio a un sistema de juicio oral (desde el sistema actual, que es mayoritariamente mediante escritos), la garantía de la presunción de inocencia, el uso limitado (a menudo forzado) de la confesión y el asegurar un método más transparente de conservación de los registros judiciales. Incluso antes de dicho cambio, las reformas judiciales a nivel de estado ya se estaban implementando en diversos estados, pero el avance a nivel nacional ha sido bastante lento.
 
Ha habido avances sustanciales en la profesionalización de la policía mexicana los últimos años. Esto es tal vez más notorio en la policía federal, que ha sido construida prácticamente desde cero en los últimos 3 años, para convertirse en una fuerza de 33.000 miembros que incluye más de 5.000 investigadores criminales. La policía federal trabaja cada vez más con los gobiernos estatales y municipales para entrenar también los cuerpos de policía locales.
 
El gobierno de México también ha creado una base de datos del crimen llamada Plataforma México, que incluye registros actualizados de los crímenes que se comenten a lo largo del país, información criminal clave como las patentes de vehículos y huellas dactilares, que permiten a la policía relacionar crímenes en distintas jurisdicciones. La base de datos está diseñada para mantener registros dactilares, de ADN y registro de voz de todos los policías del país. Esto debiera entorpecer el que personal policial que abandona el servicio se dedique a la actividad criminal, algo bastante frecuente en el pasado. Con todo, el progreso en estos frentes es lento.
 
Con miles de millones de dólares en los bolsillos, los traficantes pueden burlar la justicia simplemente comprando a los policías y los jueces. Y con su creciente actividad para corromper policías y silenciar a los periodistas y líderes cívicos, es difícil ver quienes encabezarán estas reformas en aquellas partes del país donde son más necesarias.
 
Quizás la mayor inversión que el gobierno mexicano pudiese hacer es proteger a aquellos que lideran los cambios y poner como ejemplo a los más políticos corruptos más flagrantes. Pero hasta ahora estos esfuerzos se han demorado.
 
REPENSANDO LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE
 
Mientras México puede hacer mucho para reforzar sus instituciones contra la amenaza que les plantea las organizaciones de narcotraficantes, la amenaza continuará mientras exista alta demanda por narcóticos ilegales en los Estados Unidos. Aunque el uso de la cocaína pueda estar declinando, los avances han sido lentos y tanto las metanfetaminas como otras drogas sintéticas son vendidas a muy alto precio a los consumidores estadounidenses.
 
Por primera vez en muchos años en Estados Unidos pareciera que se está llevando a cabo un debate serio sobre las políticas relativas a drogas. La administración Obama está tomando los primeros cuidadosos pasos en invertir en prevención y tratamiento de adicciones, reorientando las políticas estadounidenses ligeramente hacia lograr una disminución en la demanda por narcóticos ilegales. Basta una pequeña disminución en las tasas de consumo en Estados Unidos para minar las ganancias de las organizaciones de tráfico de drogas de manera más significativa que cualquier prohibición.
 
En algunos estados se está llevando a cabo un muy saludable debate sobre si la marihuana debiera ser considerada como una droga ilegal. Algunos argumentan que legalizar la marihuana permitiría disminuir las utilidades de los traficantes y a la vez concentrar más atención en narcóticos como la cocaína, heroína y las metanfetaminas, los que plantean riesgos mucho mayores a la sociedad.
 
Pero no hay ningún cambio en políticas que por sí solo sea más beneficioso para reorientar las prioridades en la frontera entre Estados Unidos y México que una reforma migratoria global. Hoy, la mayor parte del gasto de Estados Unidos en el control fronterizo se gasta en detener a los inmigrantes que quieren ingresar a Estados Unidos en busca de trabajo. Crear canales legales para los mexicanos y centroamericanos permitiría al gobierno estadounidense trabajar en forma más concertada con México para proteger la frontera de las serias amenazas que plantean los narcotraficantes y reforzar los esfuerzos para ayudar a ese país a desarrollar sus propias capacidades judiciales y de respeto al orden público.
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Andrew Selee. Director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. Publicado en revista America, www.americamagazine.org

 
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